Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Nulidad del procedimiento de inspección tributaria: la inspección no tiene nada que ver con los hechos aflorados en la investigación posterior. Las actuaciones de defraudación que se enjuician las que justifican por sí mismas la revisión de cualquier liquidación anterior. El hecho de que la investigación tributaria se hiciera por un técnico y no por un inspector no es relevante a efectos penales pues no hay prueba tasada. Responsables a título lucrativo: no existe indefensión porque en las conclusiones definitivas se pidiese la pretensión restitutoria, cambiando la calificación de las conclusiones provisionales. La acción para reclamar esta clase de responsabilidad civil es una acción personal que no tiene señalado término especial de prescripción, siendo de aplicación por tanto el plazo establecido en el art. 1964.2 C.C . que, cuando se produjeron los hechos de los que surge esta responsabilidad, era de quince años.Se describe pues una naturaleza instrumental del delito de falsedad, cuya razón de ser es la de amparar la comisión del delito fiscal y que resulta, en el caso, necesario para la perpetración de este. Se trata de un concurso real (varios hechos constituyen varios delitos) y no ante el concurso ideal; de la especie medial del art. 77.1 segundo inciso y 77.3 CP en su actual redacción, más beneficiosa para los acusados. Rebaja de la pena de multa como también lo ha sido el de prisión. Absolución de un coacusado por no quedar acreditada su participación.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
